Los conquistadores españoles vinieron a América equivocados. La ruta que originalmente buscaba Colón hacia las Indias se convirtió en la ocupación de un territorio totalmente desconocido, pero lucrativamente equipado para los fines de la corona.
La fascinación por lo que esperaban fueran laderas repletas de piedras preciosas en bruto les llevó a la catástrofe, incapaces de explotarlas y llevárselas hacia la península ibérica.
Existe, sin embargo, una notable diferencia entre el presente y los años de la colonización española; ahora, es el cobre la veta del gran tesoro.
REVIVIR LA MINERÍA
En marzo pasado, el gobierno de Ricardo Martinelli inició los estudios para crear un proyecto de ley que permitiera realizar consultas populares sobre temas de interés nacional.
La viabilidad o no de la explotación minera en Panamá fue uno de los asuntos propuestos para calibrar el pulso de los ciudadanos; sin embargo, como ha sucedido con otros, el proyecto consultivo cayó entre las sombras, sin que hasta el presente se haya concretado el documento.
Esto no ha impedido que el gobierno siga moviéndose en dirección hacia la explotación minera de alto vuelo.
En reciente entrevista con el periódico electrónico The Nica Times, el ministro de Comercio, Roberto Henríquez, aseguró que el gobierno 'tiene la intención' de desarrollar la minería; aunque ya no con oro, sino con otro metal de alto valor comercial en estos momentos: el cobre.
Numerosos estudios aseguran que Panamá cuenta con grandes depósitos cupríferos vírgenes, tal vez los mayores del continente y de los más ricos del mundo... su explotación supondría ingresos multimillonarios al país, en un plazo muy corto.
UNA LEY VIEJA
La norma que regula la explotación minera en el país es el Decreto Ley 23, de 22 de agosto de 1963. La ley, según el actual gobierno, tiene una serie de inconvenientes que frenan la inversión minera en Panamá.
En el numeral uno del artículo cuatro, se prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras a Gobiernos o Estados extranjeros.
Existe real interés en cambiar esta regla por una que atraiga capitales, incluso, de gobiernos que serían socios de Panamá en la explotación minera.
De hecho, el movimiento en tal dirección se dio en junio pasado, cuando el presidente Martinelli recibió al mandatario de Corea del Sur, Lee Myung-bak, como invitado especial durante la cumbre del SICA.
Todo encaja. Corea del Sur es el tercer mayor comprador de metales en el continente asiático y es obvio que le interesaría hacerse de un aliado que le permita consolidar sus reservas cupríferas.
Los precios actuales del mercado sugieren que el cobre se mantendrá en un nivel elevado por los próximos años, y si los surcoreanos consiguieran el contrato con el Estado panameño, hablaríamos de miles de millones de dólares en movimiento constante.
UNA LEY NUEVA
El proyecto de ley sobre explotación minera aún no llega a la Asamblea Nacional, pero ya se conocen algunos aspectos importantes.
Por ejemplo, se propondrá que si hay un gobierno extranjero interesado en invertir en la explotación de minas en Panamá, podría poseer hasta el 49% de las acciones de empresas mineras locales, algo que la Ley de 1963 no permite.
'Para el Ministerio de Comercio, este es un asunto que debe necesita ser acelerado', apuntó el ministro Henríquez.
En la actualidad, existen solo tres proyectos de extracción de cobre en Panamá, solo el de Petaquilla supera los 4 mil millones de dólares... con una nueva ley, y el precio del cobre a 3 dólares con 30 centavos la libra, los números se elevarían a alturas estratosféricas.
Según informes de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), son tres los proyectos cupríferos existentes en el país: Cerro Colorado, Chorcha y Cobre Panamá.
En conjunto, los tres proyectos le representan al Estado ingresos anuales en concepto de impuestos por 29 millones 28 mil dólares
La CAMIPA también aboga por 'mejorar la legislación para que sea promotora de la inversión extranjera, y que sea enriquecida con la legislación ambiental y con temas sociales y de participación ciudadana'.
En el camino, deben definir políticas gubernamentales que dejen clara la actuación del sector en el desarrollo de esta industria.
¿Y EL MEDIO AMBIENTE?
A pesar de tantas bondades económicas, los ambientalistas consideran que, a largo plazo, el costo será mayor para el país, en términos sociales y del medio ambiente.
Para la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alida Spadafora, existe una diferencia sustancial cuando se comparan las ganancias por este tipo de proyecto con las consecuencias para el entorno ecológico.
En esto, apunta hacia la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental, mismos que con la Ley 30 de 2010 —llamada también Ley Chorizo— se hicieron más flexibles.
Por lo pronto, todo indica que en las próximas semanas el proyecto que reforma la Ley 23 de 1963 avanzará hacia la Asamblea Nacional para su discusión.
